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Miércoles, 18 de Enero de 2017

Inició movimiento ciudadano para tirar Ley del Agua; buscan firmas

Diferentes agrupaciones civiles y ciudadanos de manera independiente iniciaron un movimiento con el fin de recopilar firmas para echar por tierra la Ley del Agua de Kiko Vega.

En un pronunciamiento lanzado este día establecen lo siguiente:

A los medios de comunicación

A la sociedad civil

Al pueblo de Baja California

El pasado 20 de diciembre el Congreso de Baja California, de mayoría panista, aprobó la Ley Estatal de Aguas, iniciativa del ejecutivo estatal, Francisco “Kiko” Vega, que contempla, entre otros aspectos, la privatización del servicio de agua potable del estado. La ley incluye el aumento de tarifas por consumo del vital líquido y el corte del suministro tras 90 días de impago, lo cual constituye un acto anti-constitucional al violar el derecho humano al agua y convertir ese bien común en una mercancía.

La ley fija un aumento inicial en la tarifa de alrededor del 20 por ciento, el cual entrará en vigor el próximo año fiscal y se actualizará a través de fórmulas complejas que implican su incremento constante sin necesidad de aprobación del Congreso. Esto significa la liberalización de los precios del suministro hídrico a la lógica del mercado, política similar a la implementada con el precio del gas y gasolina, lo que ha implicado su aumento mensual.

El proyecto de ley comprende la desaparición de las comisiones estatales de servicios públicos de la entidad y su conversión en dos organismos de agua metropolitanos: el de la Zona Costa, para los municipios de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada; y el de la Zona de Mexicali. Esta medida implica la vulneración de los derechos laborales y el posible despido de cientos de trabajadores de las comisiones de servicios públicos del estado.

La concesión del suministro de agua potable a compañías privadas contraviene al artículo 115 de la Constitución mexicana que establece la facultad de los municipios para operar y ofertar los servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado, entre otros. Asimismo la nueva ley, al permitir la suspensión del suministro hídrico a “clientes” morosos, viola el artículo cuarto constitucional que eleva a derecho fundamental el acceso al agua.

La ley fue aprobada con 15 votos a favor: 13 de la bancada del PAN, uno de Movimiento Ciudadano y otro del PRD. La votación se llevó a cabo de madrugada y en privado, tras una abrupta sesión que incluyó protestas del sindicato de burócratas y ciudadanía inconforme, el bloqueo del acceso a los medios de comunicación y la utilización de cuerpos policiacos y prácticas porriles por parte del gobierno para contener a los manifestantes.

El argumento de la administración estatal para impulsar la ley es la necesidad de atender la “grave” situación de sequía y escasez hídrica en la que se encuentra el estado. Para ello promueve, además de la privatización del líquido, la creación de cuatro plantas desalinizadoras en Rosarito, San Quintín, Ensenada e Isla de Cedros, cuya inversión beneficiará a las nuevas compañías suministradoras privadas que comprarán el agua y la revenderán a los usuario finales. Asimismo, este tipo de proyectos generan significantes impactos ambientales en las zonas costeras.

A pesar de que el contenido de la ley afecta de manera drástica a la población en general, no se realizó ninguna consulta ni foro público para informar y debatir la propuesta. Se aprobó por la vía fast track justo en la semana de festejos de navidad, a sabiendas de que dichas fechas son difíciles para la protesta y movilización popular. Esto constituye un acto vil y cobarde por parte de las y los legisladores que traicionan al pueblo con sus acciones.

Baja California cuenta con una fuente permanente de agua: el Río Colorado. De acuerdo al Tratado Internacional de Aguas entre México y Estados Unidos, a nuestro país le corresponde una cuota anual de 1,850 millones de m3 de las aguas de dicho río. Asimismo cuenta con 1,152 millones de m3 de aguas del subsuelo y posee 1,280 km de litorales. Una parte importante del volumen de dichas aguas se utiliza en la agroindustria e industria de Mexicali, mientras otra cantidad sustancial se transporta a la zona costa del estado para el uso residencial e industrial mediante el acueducto Río Colorado-Tijuana.

En el sitio web Invest in Baja de la Secretaría de Desarrollo Económico de Baja California, el gobierno estatal oferta la disponibilidad ininterrumpida de suministro de agua como una característica central para atraer inversiones de capitales extranjeros y nacionales a la entidad. En dicho portal se señala, incluso, que Mexicali cuenta con las tarifas más baratas del estado por su abundancia de agua y a ello se debe que en dicho municipio se localicen “empresas altamente consumidoras de agua en sus procesos”.

Mientras el gobierno sigue atrayendo al estado el emplazamiento de megaproyectos que requieren importantes volúmenes de agua para su operación, tales como la industria aeroespacial y metalmecánica, minería, plantas termoeléctricas, fabricación de componentes electrónicos, equipo médico, plásticos, papel, alimentos y bebidas, entre otros; ahora busca privatizar el agua con el argumento de “escasez hídrica”.

En ese sentido cabe destacar el caso de la futura instalación en el zona agrícola de Mexicali de la cervecera estadounidense Constellations Brands, tercera compañía más grande de Estados Unidos en su rubro. Este proyecto implica la construcción con dinero público de un acueducto para el suministro de agua de la nueva planta, cuyo consumo representará aproximadamente el 6% del gasto total de agua de la población bajacaliforniana.

El aumento de tarifas por consumo de agua se suma al cúmulo de agravios contra la economía y vida de las y los bajacalifornianos, que entre otros ultrajes paga las más elevadas tarifas por el consumo de electricidad del país, sobretodo en la capital del estado, Mexicali, debido a sus altas temperaturas en verano. Estas medidas aumentarán los niveles de pobreza y marginación de los sectores más desposeídos de la población.

La Ley Estatal de Aguas disimula la preocupación por el problema de la supuesta escasez hídrica en la entidad con el objetivo de avanzar en la privatización del vital líquido y justifica la entrega de nuestro bien común más fundamental para la vida a empresas privadas. Esta ley se añade al conjunto de reformas neoliberales que implican la cesión de nuestra soberanía a las empresas trasnacionales y la profundización del saqueo, despojo y explotación de nuestros pueblos.

Exigimos la abrogación de la Ley Estatal de Aguas porque agravia nuestro derecho humano y colectivo al agua. Asimismo, exigimos la renuncia del gobernador Francisco Vega de Lamadrid por el desvío de poder en beneficio de intereses privados y en perjuicio de los derechos del pueblo de Baja California.

¡No a la privatización del agua en Baja California!

¡Abrogación de la Ley Estatal de Aguas YA!

¡El agua es un bien común y un derecho humano y colectivo!

¡Renuncia Kiko Vega!

NoALaPrivatizaciónDelAgua #AbajoLaLeyEstatalDeAguasDeBC #RenunciaKiko

Firmas (actualizado al 27 de diciembre a las 14:00 hrs):

Liga a la página de firmas. Copiar la siguiente:

https://endefensadelaguabc.wordpress.com/2016/12/23/ley-estatal-de-aguas-privatizacion-y-despojo-al-pueblo-bajacaliforniano/

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