Lunes, 21 de Octubre de 2019 4:18 p.m.

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Ante agravios en Lomas del Rubí, CEDH emitió recomendaciones al Ayuntamiento y al Estado

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Tijuana, Baja California, junio 4.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitió recomendaciones al Ayuntamiento de Tijuana y la Secretaría de Salud, por acreditar violaciones a los derechos de vivienda en agravio de residentes de la colonia Liberal Lomas del Rubí, en la ciudad. En ese sentido, el organismo emitió la recomendación 10/2019 al municipio y a la dependencia estala de salud. En un comunicado menciona que: Lo anterior por acreditar violaciones a los derechos a la vivienda adecuada; al trato digno; a la debida diligencia; a la protección de la vida, integridad y patrimonio de las personas; y a los derechos de las víctimas a la seguridad y a la ayuda inmediata, en agravio de residentes de la colonia Liberal Lomas del Rubí, en Tijuana. De igual manera, el Organismo Público Autónomo emitió las Recomendaciones General 2/2019 (dirigida a las Secretarías de Salud y de Seguridad Pública del Estado); General 3/2019 (dirigida al Ejecutivo Estatal y a los cinco Ayuntamientos); 8/2019 y 9/2019 (dirigidas a la Secretaría de Educación y Bienestar Social), con lo cual la CEDHBC concluye con 76 Recomendaciones durante la gestión 2015-2019. De acuerdo a los hechos de la Recomendación 10/2019, una empresa constructora solicitó al Ayuntamiento de Tijuana autorización para el desarrollo del fraccionamiento Valle del Pedregal, en un predio ubicado sobre carretera Tijuana-Ensenada, en la Delegación San Antonio de los Buenos. Después de emitir dictamen de uso de suelo favorable habitacional para 455 viviendas, con una densidad de 359 media multifamiliar, pero condicionado al cumplimiento de diversas pautas y previsiones, el Municipio publicó la autorización de la urbanización del fraccionamiento, mediante acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado, con fecha del 16 de diciembre de 2016. Conforme al reporte de Protección Civil Municipal, el 19 de enero de 2018, a las 2:00 pm, residentes de la colonia Liberal Lomas del Rubí, misma que colinda con el desarrollo habitacional Valle del Pedregal, se presentaron ante esa autoridad manifestando que sus propiedades se estaban afectando mediante la aparición de grietas, derivadas de lo que ellos identificaron como las vibraciones provocadas por los movimientos de tierra realizadas por la empresa mencionada. En días posteriores, Protección Civil documentó el incremento de fisuras en casas habitación y calles, así como la apertura creciente de las fallas en el suelo de la ladera en esa parte de la colonia contigua al nuevo fraccionamiento. Finalmente, a las doce horas del 2 de febrero de 2018, el desplazamiento de suelo referido ocasionó que alrededor de 70 viviendas fueran destruidas o afectadas gravemente, quedando sus ocupantes sin hogar. Cabe precisar que el censo de viviendas destruidas ha ido creciendo desde entonces. Durante 16 meses, la CEDHBC ha documentado los hechos a través del acopio de un voluminoso expediente de documentales públicos, pero también de entrevistas con residentes afectados y con autoridades. De igual modo, se han estudiado diversos dictámenes periciales, uno de los cuales fue elaborado por peritos adscritos a la CEDHBC. De ese ejercicio, que ha buscado captar los hechos en su complejidad y desde las diversas voces involucradas, se desprende la siguiente descripción de hechos, apegada a las constancias que obran en expediente. La CEDHBC recuerda que el asunto se encuentra en investigación tanto en lo penal como en lo administrativo y que las autoridades competentes elaboran conforme a sus propias reglas procesales y a sus respectivos expedientes y experticias, una resolución que se pronuncie sobre la responsabilidad en torno a los hechos por los que perdieron su patrimonio decenas de familias. Al respecto, y en respeto al carácter inconcluso de dichos procedimientos, la Recomendación de la CEDHBC se pronuncia exclusivamente sobre las responsabilidades que se advierten en materia de violaciones de derechos humanos, sin prejuzgar sobre la responsabilidad de los actores involucrados. Lo anterior no será óbice, sin embargo, para afirmar que en el presente se documentaron numerosas inconsistencias, omisiones y actuaciones negligentes que son innegables por parte de los responsables de la obra, así como de su inspección y revisión. Del análisis lógico-jurídico de las evidencias que integran el expediente CEDHBC/TIJ/Q/88/18/4VG, la CEDHBC que se cuenta con suficientes elementos para acreditar que las autoridades señaladas como responsables vulneraron los derechos a la vivienda adecuada, al trato digno y a la protección de la vida, la integridad y el patrimonio, todos ellos en relación con la obligación de prevenir las violaciones de derechos humanos, en agravio de las víctimas del caso por parte de las autoridades responsables en atención a las siguientes consideraciones: Respecto a la violación al derecho a la vivienda adecuada, al trato digno y a la protección de la vida, integridad y patrimonio de las personas, por actos y omisiones atribuibles a servidores públicos municipales, cabe recordar que, de conformidad con el artículo 1º párrafos primero y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades en el país, incluidas las adscritas a la administración pública municipal, están obligadas a proteger los derechos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano a favor de toda persona en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones y esferas competenciales. De igual modo, tienen la obligación de adoptar todas las medidas que se requieran a fin de prevenir que se consuman hechos constitutivos de violaciones de los mencionados derechos. Una persona servidora pública incurre en violación de derechos humanos cuando omite acatar una disposición normativa que regula su ámbito de competencia y ello permite – aunque no lo aliente o apruebe – que un particular vulnere un derecho de otro que pudo protegerse – y la violación del derecho prevenirse – si la autoridad hubiera cumplido con las disposiciones del marco que le resultara aplicable para el caso. Las autoridades incurren en omisión, entre otros supuestos, cuando se abstienen de cumplir con los preceptos normativos que les facultan expresamente a ejercer labores de supervisión y revisión, fiscalización u otras análogas, las cuales están encaminadas a proteger el bien tutelado por la norma que reconoce un derecho a las personas. En los casos en los cuales exista un riesgo inminente a la vida, la integridad u otros derechos de las personas, por ejemplo, a la propiedad, la autoridad debe interpretar y aplicar la normatividad que rige su actuación de un modo tal que, como precisa el artículo 1º constitucional al consagrar el principio pro persona como pauta hermenéutica general en materia de obligaciones normativas a la luz de los derechos humanos, siempre se protejan los derechos de la manera más amplia y, en caso de normas de índole restrictiva de derechos, la restricción sea la menor posible. Esto significa que, cuando se trate de decisiones administrativas que pueden poner en riesgo los derechos, la autoridad debe extremar precauciones y anteponer los derechos a cualquier otro tipo de consideración, incluyendo las económicas o la mera disponibilidad de precedentes jurídicos o administrativos, como el Plan o los programas de desarrollo urbano del Municipio, o bien, la posibilidad de flexibilizar una prohibición —como la de autorizar la urbanización en zonas de alta vulnerabilidad— a la luz de supuestos criterios “amplios” de interpretación, disponibles en normas de jerarquía menor al derecho primario o las leyes estatales, como es el caso de los Reglamentos municipales. En el presente caso, la autoridad encargada de la autorización de licencias y permisos para la urbanización del Desarrollo Valle del Pedregal, consistente en personal diverso adscrito a la Dirección de Administración Urbana (DAU), durante las fases previas a los eventos de enero y febrero de 2018, incurrió en responsabilidad por negligencia, toda vez que a juicio la CEDHBC adoptaron criterios que si bien no eran ilegales, sí eran imprudentes y llevaron al límite de los extremos normativos posibles la viabilidad de construcción de la obra, con los conocidos resultados de impacto negativo a los derechos de las personas afectadas. En este sentido, la norma de mayor jerarquía aplicable a la materia en la entidad es la Ley de Desarrollo Urbano, cuyo artículo 161 fracción II es categórica sobre la prohibición de autorizar acciones de urbanización en zonas de riesgo: ARTÍCULO 161.- Las acciones de urbanización mencionadas en el Artículo 147, sólo se autorizarán cuando se cumplan las siguientes condiciones: Que no se afecten las zonas arboladas, de preservación ecológica, paisajística, o que por sus características topográficas, hidrológicas o geológicas, sean riesgosas para la ejecución de acciones de urbanización; pese a que el marco normativo señala esta prohibición, la autoridad encargada de despacho del Instituto Metropolitano de Planeación del Ayuntamiento, incurrió en responsabilidad al emitir el 15 de febrero de 2016 dictamen favorable de Evaluación de Estudio de Impacto Urbano, aunque estuviera condicionado, dados los antecedentes y características del predio que el mismo dictamen cita. La autorización se advertía en extremo riesgosa al considerar aspectos tales como el hecho de que “el 65.23% [del predio] cuenta con aptitud baja condicionada para el desarrollo urbano” mientras que el “14.54% no es apto para el desarrollo urbano”, o bien, que “El Plano E-26 Vulnerabilidad establece que el polígono analizado se encuentra en un subsector zonificado con vulnerabilidad Muy Alta”. La Evaluación de Estudio de Impacto Urbano en cita señala también lo siguiente: “Desde el punto de vista geológico-geotécnico, es un sitio vulnerado por deslizamientos antiguos en donde las condiciones topo-geohidrológicas han sido los principales factores de vulnerabilidad. Que la obra pretendida se ubica a una distancia aproximada de 160 metros de la Declaratoria de Destino en las colonias Cumbres del Rubí y Ampliación Tejamen de riesgo. Dicha declaratoria se realizó debido a un deslizamiento geológico con afectación y colapso de vialidades y viviendas. En recorridos recientes se detectó que dicho fenómeno está activo, con evidencia de evolución en la parte oeste. Que de acuerdo a la inspección física realizada el día 2 de febrero se observó que en el polígono donde se ubica el fraccionamiento “Flamingos” cuenta con las siguientes colindancias: […], y al Oeste con los fraccionamientos populares Cumbres del Rubí y el Fraccionamiento Liberal Lomas del Rubí”. Como se lee en el citado documento, el predio no cumplía con las calificaciones que exigen normas como el artículo 161 de la Ley de Desarrollo Urbano o la Ley de Edificaciones de Baja California y los artículos 114 a 117 del Reglamento de Acciones de Urbanización para el Municipio de Tijuana y por tanto debió evitarse emitir dictamen positivo. Los riesgos preexistentes y notorios, de los que se tenía conocimiento no sólo del riesgo, sino de una situación actual de desplazamiento de tierra desde una década antes de la autorización, debieron ser motivo suficiente para la emisión de dictamen en sentido negativo por el alto riesgo que involucraba el proyecto, indistintamente de las condiciones que se impusieran a los responsables de su ejecución. En igual posición de responsabilidad se encuentra el Jefe de Departamento de Usos de Suelo, autor del Dictamen de Uso de Suelo con Folio 1,667.721, Expediente US 1,094/2016 del 7 de marzo de 2016, quien se limitó a avalar el avance del proceso hacia la autorización de las licencias y permisos de construcción del Desarrollo Valle del Pedregal bajo la insuficiente previsión de que el dictamen se hallaba condicionado, como se colige del documento de mérito, en el que se reitera el criterio conforme al cual, aunque el Plano E-26 “establece que el polígono analizado se encuentra en un subsector zonificado con vulnerabilidad muy alta”, se procede a autorizar con condiciones porque cuenta con “Dictamen de Uso de Suelo favorable habitacional para 455 viviendas con una densidad multifamiliar media de 359 media multifamiliar”. En cuanto a la violación a los derechos de las víctimas a la ayuda inmediata, a la asistencia y atención, en relación con el derecho a la salud y a la protesta social pacífica, cabe recordar que la salud es un derecho que forma parte del bloque constitucional en derechos humanos, toda vez que se encuentra consagrado por disposiciones de los más altos niveles de jerarquía normativa disponibles en el sistema jurídico mexicano, tales como el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Con base a lo anterior, el 25 de abril de 2018, mediante Oficio de número 559, el Secretario de Salud y Director General del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado, ofreció respuesta en sentido negativo a la atenta solicitud remitida por la CEDHBC en el sentido de brindar medidas cautelares a favor de vecinos de la colonia Lomas del Rubí que se encontraban en huelga de hambre, incluyendo a un adulto mayor con una condición cardíaca. El motivo de la negativa, conforme al oficio de mérito, fue “en virtud de carecer de personal y equipo destinados a prestar servicios de atención médica a domicilio. Por otra parte, de su oficio se advierte que los quejosos, de motu proprio han asumido una conducta riesgosa para su salud, como medida para obtener respuesta a petición formulada a diversa autoridad, lo que implica que deliberada y conscientemente están colocando su salud en riesgo, situación que rebasa y excede las capacidades técnicas e institucionales de cualquier organismo de salud pública, cuya actuación se rige en términos de la Ley General de Salud.” Al respecto, la CEDHBC considera imperativo recordar que la persona para la que se solicitaban medidas cautelares era una persona reconocida como víctima, adulta mayor, con una condición de salud delicada, en situación de huelga de hambre y de desplazamiento, por lo que la actuación oportuna de los servicios de salud era un imperativo humanitario y una obligación legal cuya inobservancia produce responsabilidad jurídica. Por otro lado, la CEDHBC hace hincapié en que toda violación a los derechos humanos trae consigo el deber ineludible de repararla a cargo de las autoridades responsables. En este sentido, el principio 15 de los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional a interponer recursos y obtener reparaciones” (Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de Derechos Humanos el 16 de diciembre de 2005) señala que “una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido”. La Corte Interamericana ha señalado que la reparación es un término genérico que comprende las diferentes maneras de cómo un Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido. Por ello, la reparación comprende diversos “modos específicos” de reparar que “varían según la lesión producida”. Asimismo, ha señalado que las reparaciones que se establezcan deben guardar relación con las violaciones declaradas. Finalmente, ha señalado que la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la violación. De no ser esto posible, cabe determinar una serie de medidas para que, además de garantizar el respeto de los derechos conculcados, se reparen las consecuencias que produjeron las infracciones. El artículo 109 constitucional, párrafo último, prevé que “La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes”. Asimismo, el artículo 7, apartado A, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California establece que: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado y los Municipios deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezcan las leyes.” La Ley General de Víctimas establece en sus artículos 7 fracción II y 26, que las víctimas tienen derecho a ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron y que además, se les repare de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición. En el mismo sentido se pronuncia la Ley de Víctimas para el Estado de Baja California en sus artículos 25 a 27. Por lo anterior, la CEDHBC considera procedente la reparación de los daños ocasionados a las víctimas del caso, en los supuestos y términos siguientes: Acreditación de la calidad de víctima en el presente caso: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4º y 110 fracción V inciso c) de la Ley General de Víctimas y 5º de la Ley de Víctimas para el Estado de Baja California, la CEDHBC reconoce el carácter de víctimas a las siguientes personas, en la modalidad que se especifica y para todos los efectos que se desprenden de la Recomendación. Se acredita la calidad de víctimas directas a las víctimas contempladas en la Carpeta de Investigación No. 1 o en quejas presentadas ante la CEDHBC que constan en expediente del presente caso y se enlistan en la hoja de claves relacionada a la Recomendación, en tanto acrediten ante la autoridad competente sus títulos de propiedad de domicilio en zona afectada de la Colonia Liberal Lomas del Rubí, o bien, su legal posesión bajo cualquiera de las figuras reconocidas en la legislación civil aplicable, para todos los efectos que se desprenden del artículo 4º párrafo primero de la Ley General de Víctimas y 5º párrafo primero de la Ley de Víctimas para el Estado de Baja California. De igual manera, se acredita la calidad de víctimas indirectas a los familiares y personas a cargo de las víctimas directas, en los términos del artículo 4º párrafo segundo de la Ley General de Víctimas; 4º del Reglamento de la Ley General de Víctimas, y 5º párrafo segundo de la Ley de Víctimas para el Estado de Baja California. Lo anterior se establece sin menoscabo del reconocimiento de la calidad de víctimas u ofendidos de estas u otras personas que se desprendan del proceso relacionado a la Carpeta de Investigación No. 1, la Investigación Administrativa No. 1, u otros que se inicien en relación con los hechos materia del presente caso, por lo que se dejan a salvo los derechos de los que pudieran ser titulares las personas que acrediten, por una parte, afectación a sus derechos como producto de los hechos materia de la Recomendación, así como cualquier modalidad de legítima posesión de vivienda en la zona afectada de la Colonia Liberal Lomas del Rubí y que sean debidamente reconocidas como víctimas por tales procesos existentes o futuros. Medidas de restitución: Si bien la Recomendación constituye per se una forma de reparación y un llamado enérgico a la restitución de la dignidad de las víctimas, la CEDHBC reconoce que cualquier actuación institucional que adopte en el caso habrá de constituir solamente un mecanismo de aproximada y simbólica compensación que deberá verse acompañada por un conjunto de acciones que las instituciones públicas de Baja California emprendamos en conjunto y conforme a los principios previstos en el artículo 5º de la Ley General de Víctimas y 6º de su homóloga bajacaliforniana, a fin de facilitar a las personas afectadas por los hechos las condiciones que las habiliten a superar su condición de víctimas de la manera más efectiva y adecuada posible. Las autoridades en conjunto, y particularmente la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Tijuana, deberán adoptar las medidas necesarias para que, una vez deslindadas responsabilidades y agotados los procesos legales que se hayan instaurado o se instauren con motivo del presente caso, las víctimas puedan recuperar los bienes muebles e inmuebles perdidos con motivo de los hechos, o en su caso, se les indemnice por parte de quien en los procesos resulte responsable. Medidas de rehabilitación: La rehabilitación de las víctimas debe ser integral, esto es, incluir los aspectos médicos, psicológicos, jurídicos y sociales que se precisan a fin de que las víctimas superen de manera efectiva su condición de victimidad. Por lo anterior, y con el fin de que las diversas medidas de rehabilitación que se fijen a favor de las víctimas en el presente caso impacten de manera combinada en el cumplimiento del fin restitutivo que tienen, deberán adoptarse en un esquema integrado, a manera de programa integral de rehabilitaciones a favor de todas las víctimas afectadas por los hechos, el cual deberá contemplar los siguientes criterios: El Programa de Rehabilitación deberá diseñarse e implementarse en los términos del Título Quinto Capítulo II de la Ley General de Víctimas, común a la Ley de Víctimas para el Estado de Baja California. El Programa de mérito deberá precisar los nombres y cargos de las personas responsables del seguimiento de todas las medidas en general, las cuales deberán ser servidores o servidoras públicas adscritas a la Secretaría General de Gobierno del Estado, en su calidad de responsables del cumplimiento de obligaciones previstas en la Ley General de Víctimas, hasta en tanto se instale la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas a que se refiere la Ley de Víctimas para el Estado de Baja California. El plan deberá incluir al menos los siguientes aspectos: A) Medidas de atención médica, psicológica y psiquiátrica gratuitas y especializadas que las víctimas directas y las víctimas indirectas pudieran requerir, además de los medicamentos, transportación y demás conceptos asociados a la ejecución del plan de atención que nos ocupa. B) La atención psicológica y psiquiátrica que se adopte a favor de las víctimas directas e indirectas en el caso deberá contar con un enfoque psicosocial, incorporar el enfoque diferencial y especializado, y todas las medidas e intervenciones que se determinen deberán ser consensuadas entre personas profesionales en salud mental y las víctimas. C) La terapia que se adopte no deberá implicar en ningún momento la repetición de eventos traumáticos, sino que deberá enfocarse en todo caso a la superación de la condición de víctimas por parte de las personas afectadas. D) En toda actuación que se tome en el marco del plan de atención deberán incluirse medidas diferenciadas para las niñas y mujeres, así como para personas adultas mayores, que sean víctimas en el caso. E) El programa deberá cubrir la atención que las víctimas requieran hasta que superen su condición, indistintamente de que sean derechohabientes de servicios de seguridad social, en los términos previstos en el artículo 29 de la Ley de Víctimas para el Estado de Baja California. Con el fin de asegurar la digna y adecuada permanencia de las víctimas directas e indirectas en el sistema educativo, la Secretaría de Educación del Municipio de Tijuana, en coordinación con sus homólogas de otros órdenes de gobierno, deberá otorgar a aquellas que se encuentren cursando estudios de educación obligatoria, becas completas de estudio, uniformes, útiles escolares y demás apoyos educativos para garantizar que continúen sus estudios en las instituciones públicas que las víctimas y sus representantes legales prefieran, en los términos de los artículos 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 47, 51, 53, 54 y 62 fracción IV de la Ley General de Víctimas, y 46 y 51 fracción III de la Ley de Víctimas para el Estado de Baja California. Con el fin de que las víctimas puedan reinsertarse a la brevedad a sus actividades escolares y no resientan la victimización secundaria que se desprende de las secuelas de los hechos, la Secretaría de Educación del Municipio de Tijuana deberá ofrecer a las víctimas los servicios gratuitos de regularización y apoyo pedagógico que sean necesarios, a fin de que las víctimas puedan ponerse al corriente en los programas educativos que cursen o estuvieran cursando al momento de ocurrencia de los hechos victimizantes. Entre los servicios sociales a que se refiere el artículo 51 fracción III de la Ley de Víctimas para el Estado de Baja California, el Municipio de Tijuana, a través de su Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Dirección de Protección Civil de la Secretaría de Gobierno, deberá continuar y redoblar las acciones de patrullaje y vigilancia, a fin de evitar la continuación de los robos que las víctimas han denunciado que se verifican o se dieron en su oportunidad, en la zona afectada. Medidas de satisfacción: Con respecto a las medidas de satisfacción, la legislación en materia de víctimas contempla un grupo de medidas encaminadas a dar efectividad directa a los derechos a la verdad y la justicia, de tal modo que se satisfaga – como su nombre lo indica – las principales exigencias y demandas que las víctimas tienen para con los responsables de los hechos y su relación con la sociedad en conjunto. Por ello constituyen medidas de satisfacción recomendables para el caso de especie todas las relacionadas con la continuación y profundización de los procesos que actualmente se siguen en los ámbitos penal y administrativo para castigar a los responsables y validar la verdad sobre los hechos. Es de la mayor importancia que en la investigación penal que se sigue en el marco de la Carpeta de Investigación No. 1, no se descarte ninguna línea de investigación, particularmente por lo que hace al efecto que tuvieron los trabajos de la Empresa No. 1 en el Desarrollo Valle del Pedregal con respecto a la reactivación de las cabeceras de desplazamiento de masas de suelo, indistintamente de la preexistencia de causas de riesgo en la ladera afectada. Lo anterior en virtud de que se trata de un elemento indispensable para garantizar a las víctimas su acceso a la verdad, a la justicia y, en su caso, a la reparación integral plena, previo deslinde de responsabilidades. La colaboración de las autoridades responsables con los operadores del sistema de procuración e impartición de justicia es igualmente vital para la efectiva realización de las medidas de satisfacción. Medidas de no repetición: Uno de los propósitos centrales de las medidas de reparación, y de manera preponderante de las medidas de no repetición, es que la atención a víctimas no se reduzca al trámite de expedientes exclusivamente individuales, sino que cada caso pueda contribuir también a la transformación de las causas estructurales de la violencia y otras circunstancias que pudieran haber incidido en la consumación de los hechos victimizantes. En ese sentido, como destaca del análisis del caso, la principal fuente de responsabilidades emanadas de las actuaciones y omisiones de las autoridades responsables estuvo relacionada a los amplios márgenes de interpretación de normas como el artículo 161 fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano de Baja California y otras aplicables por parte de funcionarios de la Dirección de Administración Urbana municipal, que pudieron flexibilizar una prohibición legal categórica, incorporando en su fundamentación consideraciones reglamentarias de dudosa legalidad, por ejemplo, hacer depender del programa de desarrollo urbano la calificación de riesgo de un predio – esto es, de decisiones humanas y no de rasgos geológicos, topográficos o hidrológicos del terreno –; o de condicionar las licencias, o bien, de acompañarlas con “la responsiva del corresponsable en Diseño Estructural y en Geofísica”, como se lee en los artículos 114 párrafo segundo, 116 y 117 del Reglamento de Urbanización para el Municipio de Tijuana, Baja California. En estos casos, falló la interpretación, pero como se dijo en el apartado de observaciones, la norma reglamentaria no debió dar margen a tal interpretación. Por ello, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, de la mano con las instancias de producción normativa municipal competentes, deberá formular y presentar al Ayuntamiento para que, en su caso, lo apruebe, una propuesta de adecuación de las previsiones normativas que constan en los Reglamentos de Acciones de Urbanización; el de Excavación, Extracción y Nivelación de Terrenos y demás normatividad reglamentaria aplicable del Municipio de Tijuana, Baja California, a fin de que sus contenidos se armonicen con los que disponen normas de carácter legal en el Estado, como la Ley de Desarrollo Urbano o la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California, con el fin de que se incorporen pautas de control más efectivas y objetivas a la emisión de licencias, dictámenes de uso de suelo, permisos de movimientos de tierra, trabajos de edificación, terraplenes, taludes, entre otros relacionados con las condiciones de riesgo intrínsecas a zonas de alta o muy alta vulnerabilidad y riesgo para la construcción, como la del caso que nos ocupa. De igual manera, bajo la conducción de la Dirección de Protección Civil del Municipio, de la mano con su homóloga del Estado de Baja California, deberá instalarse una Mesa Técnica que cuente con la participación de personas expertas en la materia, tanto de la academia como de la sociedad civil, así como representantes de la CEDHBC, para la creación o en su caso, adecuación de protocolos de protección civil municipales para casos de zonas de alta o muy alta vulnerabilidad, actuación en casos de emergencia como desplazamientos de tierra, derrumbes o deslaves, así como de emisión de alertas de protección civil a las autoridades responsables del desarrollo urbano municipal, en caso de advertirse riesgos que deban considerarse en la emisión de licencias de construcción, permisos de movimientos de tierra, o bien, en la inspección de obras de urbanización y otras similares que impliquen riesgos para las personas y sus propiedades. Asimismo, se recomienda a la Dirección de Protección Civil municipal que continúe haciendo visitas e inspecciones en el lugar, a fin de prevenir nuevas afectaciones resultantes de la evolución de los desplazamientos de terreno que siguen actuando sobre la ladera, poniendo en riesgo potencial más viviendas en la zona. Con base a lo anterior, la CEDHBC informó al Doctor Eduardo Alejandro Terreros Martínez, Presidente Municipal de Tijuana, y al Doctor Caleb Cienfuegos Rascón, Secretario de Salud y Director de Isesalud en el Estado, los siguientes Puntos Recomendatorios: Al Ayuntamiento de Tijuana: PRIMERO. Se proceda a la reparación integral del daño ocasionado a las víctimas acreditadas en el presente caso, con base en las consideraciones planteadas en el capítulo VII de la Recomendación. SEGUNDO. Presidente Municipal: Establecer, en coordinación y con la concurrencia de las autoridades materialmente competentes, un programa integral de medidas de rehabilitación a favor de las víctimas en los términos referidos en el apartado C del capítulo sobre Reparaciones de la Recomendación. TERCERO. Presidente Municipal: Girar instrucciones a quien corresponda a fin de implementar a la brevedad los programas de otorgamiento de becas, apoyo pedagógico y servicios sociales a los que se refiere el apartado C del capítulo sobre Reparaciones de la Recomendación. CUARTO. Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología: Diseñar y proponer para aprobación del Ayuntamiento, los proyectos de armonización de los reglamentos municipales a las disposiciones legales a que se refiere el párrafo 162 de la Recomendación, teniendo en cuenta las normas constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos y cuidando que se incorporen supuestos más estrictos de control, inspección y revisión, así como para la prohibición de emisión de permisos, licencias, dictámenes u otros actos administrativos relacionados con la construcción o urbanización en zonas que por sus condiciones geológicas, topográficas o hidrológicas representen un alto riesgo para la vida, integridad o propiedad de las personas. QUINTO. Ayuntamiento de Tijuana: Adoptar las medidas necesarias para asegurarse de que se lleve a cabo la revisión y reforma que garantice la armonización de las normas reglamentarias municipales en materia de urbanización y edificaciones, a las normas legales estatales y a los más altos estándares disponibles en materia de protección de los derechos de las personas. SEXTO. Dirección de Protección Civil: Instalar una Mesa Técnica intersectorial e interinstitucional a fin de crear o en su caso adecuar los protocolos de actuación en materia de protección civil en casos de asentamientos en zonas de alta y muy alta vulnerabilidad ya existentes en el Municipio, así como en casos de obras y movimientos de tierra u otras maniobras riesgosas y situaciones de emergencia como la del caso de mérito. SÉPTIMO. Dirección de Protección Civil: Continuar haciendo visitas e inspecciones en el lugar, a fin de prevenir nuevas afectaciones resultantes de la evolución de los desplazamientos de terreno que siguen actuando sobre la ladera, poniendo en riesgo potencial más viviendas en la zona. Al Secretario de Salud y Director General de Isesalud: PRIMERO. Crear o en su caso adecuar los protocolos de actuación del Sector Salud en Baja California, a fin de garantizar a toda persona en situación de protesta social su acceso efectivo al derecho a la salud en los casos en los que se requiera y en los términos previstos por el apartado B del capítulo de Observaciones, así como el apartado E del capítulo relativo a Reparaciones, ambos de la Recomendación. De igual manera, se solicita a las autoridades señaladas envíen a la CEDHBC las constancias que acrediten el cumplimiento de estos puntos Recomendatorios. Cabe destacar que las Recomendaciones ya fueron debidamente notificadas a las autoridades señaladas como responsables. En caso de no ser aceptadas, la CEDHBC, de acuerdo a sus atribuciones, podrá solicitar al Congreso del Estado la comparecencia de la o las autoridades a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.