Martes, 22 de Octubre de 2019 9:28 a.m.

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Estrategias: Turbio manejo de las finanzas estatales

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Por Enrique Rovirosa erovirosa01@gmail.com La administración de Francisco Vega de la Madrid pasará a la historia como la más turbia e irresponsable en lo que respecta al manejo de las finanzas de Baja California. En este nada honroso lugar le acompañarán los legisladores estatales del PAN, pues han sido cómplices de la crisis financiera en la que estamos inmersos. De acuerdo con el Registro Único de la SHCP, en diciembre de 2013 la deuda del Gobierno del Estado era de 6,104.7 millones de pesos. Para septiembre del año pasado ascendió a 13,198.2 millones, un incremento de 116.2%. A la fecha no sabe a cuánto ascienden los pasivos como tampoco su destino, aunque todo indica que fue para gasto corriente. El pasado 28 de marzo, en lo que se conoce como un clásico “madruguete”, el Congreso aprobó el refinanciamiento de la deuda a la fecha, más la que se acumule al término de la presente administración. Para ello autorizó un endeudamiento adicional por 2,600 millones de pesos, lo que implica que heredará un pasivo aproximado de 15,800 millones de pesos. Igualmente, autorizó los controvertidos proyectos de APP consistentes en la Desaladora de Rosarito y el Segundo Piso del Periférico Aeropuerto-Playas de Tijuana, ambos rechazados por la sociedad dado que se desconoce su impacto real sobre las finanzas estatales. La información disponible es parcial y no permite pormenorizar los compromisos a adquirir. El contrato de desaladora representa, en su primera etapa, una contraprestación mensual del orden de $85 millones de pesos. Y en el caso del puente, el gobierno asume los riesgos asociados a un aforo vehicular insuficiente con objeto de que el proyecto sea rentable. En aras de cubrir las obligaciones del Decreto, el Congreso también compromete a la siguiente administración a aumentar el Impuesto Adicional a la Educación del 35% al 45% y la sobretasa del Impuesto a la Nómina del 0.63% al 1.33%. Asimismo, a crear un impuesto nuevo a la Salud de 35%. Un acto a todas luces inmoral por falta de transparencia. El mal manejo de las finanzas estatales no sólo representa ineptitud, levanta sospechas sobre probables actos de corrupción. Coincido con quienes sostienen que la corrupción no sólo es apropiarse de fondos públicos, sino mantener a personas no calificadas para el cargo que desempeñan. La experiencia demuestra que esto último es muchas veces más perjudicial que lo primero. Los bajacalifornianos no podemos permitir que las cosas sigan igual. Debemos exigir la derogación de Decreto aludido para que con absoluta transparencia y debido análisis se revisen y aclaren las opciones que más convienen. Es tiempo de llamar a cuentas a quienes tienen la obligación de vigilar el buen uso de los impuestos y, sobre todo, no olvidarlo cuando soliciten nuestro voto.