Sábado, 24 de Octubre de 2020 10:15 a.m.

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Aprueban que Bonilla pague con bienes del Estado adeudos con acreedores

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El Pleno del Congreso local aprobó con 21 votos a favor y una abstención, la iniciativa presentada por el gobierno de Baja California encabezado por Jaime Bonilla, mediante la que se dispone que la administración pública estatal podrá cubrir con bienes propios adeudos que tenga con sus acreedores. En ese sentido, los diputados recordaron que la iniciativa reforma diversos artículos de la Ley General de Bienes de Baja California, con el objetivo de incorporar la figura de dación en pago. En ese sentido, con la aprobación de la reforma por parte de la XXIII Legislatura, la fracción novena del artículo 10 de la referida ley establece que el Ejecutivo estatal tendrá la facultad de: “Solicitar de la Legislatura del Estado, la desincorporación del dominio público, para transmitir la propiedad o uso de sus bienes mediante la enajenación, permuta, donación, dación en pago, o cualesquiera otras formas reconocidas por el derecho civil para transferir la propiedad, en los casos en que la Ley lo permita, un bien que haya dejado de utilizarse en el fin respectivo”. Asimismo, la redacción de su artículo 16 queda de la siguiente manera: “Los bienes de dominio público podrán ser enajenados permutados, donados, trasmitidos en dación en pago, o cualesquiera otras formas reconocidas por el derecho civil para transferir la propiedad, previo Decreto de desincorporación que expida la Legislatura del Estado, cuando por algún motivo dejen de servir para el fin respectivo”. En favor de su propuesta, el Ejecutivo argumentó que “la Ley General de Bienes del Estado de Baja California, no resulta adecuada para hacer frente a las necesidades y demandas que hoy necesita el Estado, ya que no contempla diversas figuras jurídicas que, con el paso de los años, han ido tomando un valor importante y resulta fundamental incorporarlas al marco normativo vigente”. El inicialista indicó que su iniciativa no busca omitir el procedimiento legal previsto, el cual consiste en solicitar la autorización al Congreso para desincorporar un bien del dominio público al privado y poder enajenar a título oneroso o gratuito, ni de omitir justificar a la legislatura local su destino; por el contrario, señaló que se trata de ampliar las posibilidades y supuestos del destino de los mismos, acorde a la situación, económica, social y financiera del Estado. La iniciativa, avalada en sesión extraordinaria el viernes, estaba contenida en el dictamen 64 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que preside el diputado Juan Manuel Molina García.