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Senado aprobó reforma para se puedan enajenar bienes púbicos por sorteo

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Ciudad de México, septiembre 14.- Con 60 votos a favor y 41 en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó, en lo general y lo particular, la reforma que establece que se podrán enajenar bienes públicos mediante sorteo. Las y los senadores respaldaron el proyecto que envío la Cámara de Diputados, para reformar el artículo 132 de la Ley General de Bienes Nacionales y los artículos 31 y 38 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. De esta manera, el sorteo servirá para enajenar bienes inmuebles que ahora están bajo la tutela del Estado mexicano. Hoy en día el gobierno no puede ser propietario de bienes que no sean aptos para el servicio público, que “están ociosos y que representen una carga al erario, por lo que se considera que este mecanismo es una medida más” para que se puedan obtener recursos y destinarlos en beneficio de la sociedad, además de reducir el gasto corriente derivado de la manutención y administración de dichos bienes. En el dictamen, también se destaca que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado es quien tiene a su cargo la administración, enajenación, destrucción y destino de los Bienes, activos o empresas señaladas en el artículo 1 de la referida Le. Algunos de estos bienes proceden de los asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales; los recibidos en dación en pago para cubrir toda clase de créditos a favor del Gobierno Federal; y los embargados por autoridades federales. Los legisladores consideraron que la mayoría de estos bienes son claramente ajenos al cumplimiento de los objetivos públicos e incosteables en su administración y conservación; además se caracterizan por tener una diferente problemática jurídica y por su diversa naturaleza. “Situación que obliga a la utilización de diversas formas y procedimientos establecidos en la ley para transmitir la propiedad de éstos, por lo que, resulta oportuno otorgar a las autoridades competentes de mayores herramientas jurídicas que permitan su venta para la obtención de más recursos de manera transparente, con certeza y legalidad”, manifestaron. Al respecto, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, destacó que a través de esta reforma el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, podrá enajenar bienes a través del sorteo, con la finalidad de obtener más recursos que puedan ser aprovechados y utilizados por el gobierno, para el cumplimiento de sus fines públicos en beneficio de la sociedad. La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Ana Lilia Rivera Rivera, indicó que el sorteo es una figura idónea dentro de los procedimientos de enajenación, ya que precisó que actualmente existen problemas para que la federación enajene los bienes que, por sus características especiales, no son susceptibles de ser aprovechados o utilizados por las dependencias de la Administración Pública Federal. En tribuna, el senador de Morena, César Cravioto Romero aseguró que la oposición está en contra del dictamen porque no quiere que, millones de pesos vayan a programas sociales y apoyos a la gente que más lo necesita, pues, destacó que es más fácil que se rifen dichos bienes a través de la figura del sorteo, para que el dinero vaya a dar a manos de la población. Para fijar la postura en contra, la senadora Nadia Navarro Acevedo, del PAN, expresó que nuevamente el Poder Legislativo está haciendo “el trabajo de las ocurrencias que pueda tener la Presidencia de la República”, ya que el dictamen carece de procedimientos y un cuerpo normativo integral que garanticen transparencia a la población. También en contra, la senadora del PRI, Claudia Edith Anaya Mota, dijo que las y los legisladores no deben ser cómplices de procedimientos que son opacos, poco transparentes y que fomentan la corrupción, “debemos ser técnicamente correctos en la elaboración de los dictámenes, porque este carece de sustento jurídico”. El senador del PVEM, Rogelio Zamora Guzmán dijo que esta reforma establece que sólo se podrá disponer de bienes que no son aptos para el servicio público y que son ociosos, pero que sí podrían tener un destino en la ciudadanía. “Debemos dotar al gobierno de herramientas que le permitan obtener un ingreso que pueda destinarse a servicios públicos”. En su oportunidad, la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del PT, y el senador de Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, presentaron votos particulares en contra del dictamen, que fueron desechados por la Asamblea. El dictamen fue enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.