La “estrategia” mexicana para el nearshoring

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Por Nataly Hernández Investigadora del IMCO Ciudad de México, noviembre 7.- Son altas las expectativas que ha generado la tendencia de relocalización de cadenas productivas -el nearshoring– en México, en cuanto a la atracción de inversión extranjera, el incremento de la producción y las exportaciones. Beneficios que permitirían expandir la capacidad de crecimiento económico del país en los próximos años. De la mano de esas expectativas, se reconoce que los beneficios no ocurrirán en automático y que se requerirá tomar medidas para que se logre sacar provecho de la oportunidad histórica que se abre con esa tendencia. En este contexto, el gobierno mexicano ha implementado una serie de políticas dirigidas específicamente a incentivar la inversión relacionada con el nearshoring. Aunque dichas medidas parecen pertinentes, cuando se toma en cuenta el tamaño del desafío, surgen dudas acerca de su alcance y efectividad. A grandes rasgos, el plan puesto en marcha ha consistido en otorgar estímulos fiscales, es decir, facilidades en el pago de impuestos para las empresas que inicien inversiones. Comenzó con el decreto publicado el 5 de junio, por el que se ampliaron los plazos para el pago de ISR e IVA, y se permitió la deducción inmediata en las compras de activo fijo (maquinaria, mobiliario, etc.) durante tres o cuatro años, para las empresas que se ubiquen específicamente en el istmo de Tehuantepec, con el fin de atraer inversión al sureste. Posteriormente, los beneficios se ampliaron al resto del país con el decreto publicado el 11 de octubre, aunque estos se acotaron a las empresas exportadoras pertenecientes a once sectores económicos. En ese decreto, también se permitió la deducción de gastos adicionales en capacitación de los trabajadores. Con esta serie de estímulos fiscales que impulsan el nearshoring, el gobierno pretende hacer de México un destino más atractivo para la inversión. ¿Serán suficientes para convencer a más empresarios de trasladar sus operaciones al país? Lo cierto es que la carga tributaria no parece estar dentro de las principales preocupaciones de los inversionistas y potenciales inversionistas. Lo que sí han señalado es la falta de un suministro confiable y a precios asequibles de energía eléctrica, la posible escasez de agua para uso industrial, y la necesidad de modernizar y ampliar la infraestructura para el transporte de mercancías. Además, hay un tema de falta de trabajadores para cubrir vacantes disponibles. Estas son solo algunas de las limitaciones que ponen en duda la viabilidad de invertir a largo plazo en el país. Al tomar en cuenta esos grandes retos por atender en el país para el nearshoring, es evidente que solo con estímulos fiscales no se convencerá a más inversionistas de que México es su mejor opción. Puede ser que una mayor liquidez, facilitada por estos estímulos, sirva para que algunas empresas refuercen su interés en venir, atraídas de por sí por la relación geográfica y comercial con Estados Unidos, por ejemplo. Sin embargo, su potencial es bajo para convencer a otros inversionistas que dudan de trasladar sus operaciones, sobre todo a la región sur, donde tendrían que asumir mayores costos y riesgos. Por ello, es fundamental incrementar la inversión pública que facilite y fomente la inversión privada, con la asignación de recursos a proyectos de infraestructura energética, o para el impulso a la educación y capacitación en carreras de ciencia y tecnología para aprovechar el talento disponible, por mencionar algunos. Cualquier estrategia efectiva para aumentar la capacidad de generar y atraer inversión no puede limitarse a medidas de corto plazo e ignorar los problemas estructurales en el país. Para aumentar la competitividad de la economía mexicana hace falta mucho más que “perdonar” impuestos.